Jornada FIDEX y SEOPAN sobre infraestructuras pendientes y prioritarias

El pasado 13 de noviembre, FIDEX y SEOPAN han celebrado la Jornada ‘Infraestructuras pendientes y prioritarias, un país por completar’. Durante la misma, ambas entidades han reclamado un Pacto Nacional de Infraestructuras para acometer las obras prioritarias en transporte, agua y medioambiente.

FIDEX, el Foro para la Ingeniería de Excelencia, y SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura, han celebrado, el pasado 13 de noviembre, en el Palacio de Linares (Madrid), la Jornada ‘Infraestructuras pendientes y prioritarias, un país por completar’. El objetivo de la misma ha sido tener un diálogo y contraste de los principales retos que tiene que afrontar el sector en los próximos años.

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha sido el encargado de la apertura de esta Jornada, quien ha destacado la necesidad de la inversión, pero hay que pensar cómo, cuándo, dónde y cómo financiar ese stock de capital público.

Asimismo, ha detallado los objetivos de una visión moderna del transporte y las infraestructuras: la seguridad, pensar que las infraestructuras son un medio, en este caso, para conseguir una barata movilidad, por lo que es necesario un nuevo enfoque en la política de transporte; la estabilidad en la inversión pública y maximizar el impacto de las infraestructuras en el crecimiento a medio plazo de la economía.

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Sobre la seguridad, Saura ha afirmado que las infraestructuras públicas cuentan con un nivel muy aceptable de calidad, aunque existe un déficit en el mantenimiento de las mismas.

Respecto al nuevo enfoque pensado en la movilidad, considera que hay que pasar de un enfoque modal a uno intermodal, entendiendo la movilidad a partir de redes. Así, el sector privado y las Administraciones tienen que coordinarse para que los ciudadanos puedan moverse, lo cual ayudaría a resolver problemas en la congestión del tráfico, a construir ciudades más sostenibles e, incluso, a abaratar el precio de la vivienda. «Deberíamos pensar que hay que reorientar la inversión, de manera progresiva, hacia el transporte público más usado por los ciudadanos», ha declarado el secretario de Estado de Infraestructuras, así como en una «regulación del transporte que permita ganar en eficiencia y equidad». Por último, hay un reto que es la liberalización del ferrocarril de pasajeros. Todo ello debería contribuir a que la movilidad sea barata, asequible y eficaz.

Por otro lado, en el aspecto de la estabilidad, no se les ocurre otra vía que la colaboración público-privada. «Además, colaboración tiene que tener en cuenta la eficiencia y la equidad», ha destacado. Y, cuando habla de eficiencia, Saura se refiere a que deben «internacionalizarse los aspectos internos y externos de cualquier infraestructura».

El último de los objetivos es cómo maximizar el impacto en el crecimiento. Los datos dicen que en España hemos multiplicado por 3 el stock de capital público, por lo que es necesario ver cómo obtener rendimiento a corto y medio plazo. De esta manera, desde el Ministerio de Fomento piensan que la planificación estratégica tiene que funcionar mejor y creen en la evaluación ex-ante de proyectos.

Tras la intervención del secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se han celebrado las mesas redondas «Retos en infraestructuras de transporte» y «Retos en infraestructuras de agua y medio ambiente».

Así, se ha reclamado un Pacto Nacional de Infraestructuras para acometer las más de 800 actuaciones prioritarias que España tiene planificadas y pendientes en materia de transporte y movilidad, por su elevada rentabilidad socioeconómica para el ciudadano, y en agua y medio ambiente, para cumplir con la normativa europea y evitar las sanciones comunitarias.

Ingenierías y Constructoras y Concesionarias coinciden en que es necesario un consenso y voluntad política para realizar estas actuaciones, de cuyo cumplimiento depende la competitividad futura de nuestra economía y el progreso y bienestar de nuestra sociedad. Estos proyectos requieren, en conjunto, una inversión de más de 103.000 millones de euros  y tendrían, durante su periodo de construcción de cuatro años, un retorno fiscal de alrededor de 51.000 M€, 79.000 M€ de actividad económica inducida y generarían casi 1.000.000 de puestos de trabajo.

Entre las infraestructuras de transporte destacan las de movilidad y accesibilidad urbana, por valor de 37.900 M€, especialmente las cercanías ferroviarias con 656 nuevos kilómetros (Km) -16.000 M€-, 144 km de metro -14.900 M€- y 410 km. de accesos y circunvalación urbana -7.000 M€-. Se trata de infraestructuras muy vinculadas a la vida cotidiana del ciudadano y su ejecución, según el sector, proporcionará un ahorro en los desplazamientos de 120.000 horas diarias, con un beneficio social de 38.100 M€ al cabo de 30 años.

Además, han señalado las prioridades en infraestructuras de transporte interurbano, con 46.000 M€ de inversión pendiente que implicaría importantes ahorros para sus usuarios: finalizar los 3.199 km. de la red de autovías -24.000 M€-, los 460 Km pendientes del ferrocarril convencional -18.000 M€- y los 563 Km de plataforma y superestructura de alta velocidad -3.600 M€-.

En materia de agua, España tiene pendiente uno de los mayores desafíos ya que, de no afrontarlo urgentemente, se seguirán produciendo daños irreversibles al medioambiente, implicando, además, importantes sanciones por parte de la Comisión Europea, que ya han comenzado a producirse. Así, el pasado verano se conoció la multa a nuestro país de 12 millones de euros por el incumplimiento de la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, sanción que se vería aumentada cada semestre en 11 millones adicionales mientras España no se ponga al día.

El nuevo Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, actualmente en información pública, cuantifica en más de 46.000 M€ las inversiones a realizar hasta 2033 -21.000 M€ hasta 2021-. Ello implica invertir 18.000 M€ en tres años y cumplir este objetivo requiere multiplicar por seis la inversión actual anual.

El tratamiento y valorización energética de residuos constituye otro déficit inversor pendiente de resolver. Las ciudades españolas generan más de 20 millones de residuos cada año, de los que casi cinco millones y medio se depositan directamente en vertedero sin tratamiento alguno, contraviniendo con ello las Directivas europeas y la normativa nacional y atentando seriamente contra la salud pública. Cumplir el objetivo de vertido directo cero y valorizar energéticamente los más de ocho millones de toneladas anuales de rechazos procedentes de nuestras plantas de tratamiento requiere invertir más de 6.500 M€.