El sector de la construcción reclama el cobro de los sobrecostes

El sector de la construcción reclama el cobro de los sobrecostes

Las empresas de construcción y conservación reclaman el cumplimiento de la legislación que regula el cobro de los sobrecostes de los materiales

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y de la Ingeniería Civil (AICCPIC), ha celebrado una nueva edición del ciclo Caminos en el Debate centrada en “La revisión de precios de los materiales” en el sector de la construcción. Los máximos representantes de las organizaciones sectoriales Anci, SEOPAN, Acex, CNC y Anefa han coincidido en la ineficiencia de la legislación vigente para regular los sobrecostes de los materiales. Además, han reclamado que se incorpore el aumento del coste de la energía, de la mano de obra y de los servicios en la revisión de precios en las licitaciones construcción de obras así como el de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras.  

El debate ha comenzado abordando la problemática de la revisión de precios. Concha Santos, presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), ha explicado que “el índice de costes de materiales de construcción que elabora el Ministerio de Transportes marca que el incremento en el último año y medio es similar al aumento acumulado de los últimos 20 años”.

Ante esta escalada de precios iniciada en octubre de 2020 Mariano Sanz, secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), ha afirmado que los reales decretos 3/2022, 6/2022 y 14/2022 para regular los sobrecostes en las licitaciones “no sirven para nada y la realidad es que ninguna obra a día de hoy ha logrado cobrar ningún sobrecoste”. Además, ha advertido de que hay “varios cientos de obras cuya licitación está quedando desiertas”.

También se ha referido a los reales decretos María Moreno López de Ayala, directora de Construcción de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN). Moreno ha explicado que “son una herramienta fundamental para compensar el incremento de precio de las materias primas, aunque todavía es necesario perfeccionarla” y ha señalado que “falta voluntad para su aplicación efectiva”. También ha reclamado que se “incluya el precio de la energía y la mano de obra tanto en contratos de obras como de servicios de infraestructuras” que no contempla la herramienta de cálculo de los sobreprecios de los contratos.

Pablo Saez Villar, Presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha asegurado que “los reales decreto no revisan, desgraciadamente, los contratos de servicios de conservación de infraestructuras y el sector que lo sustenta se encuentra ignorado y discriminado del que depende la seguridad y bienestar de los ciudadanos”. Además, añadió que esta legislación “está impidiendo a administraciones autonómicas resolver el problema de la resolución de contratos de servicios de forma racional y coherente, lo que perjudica a un sector que realiza un servicio público”.

El presidente de la AICCPIC y del Instituto de la Ingeniería, José Trigueros, ha afirmado que “con los 70 millones de euros previstos que va a recibir España de los Fondos Next Generation se podría financiar la revisión de los precios de los materiales”. Además, ha criticado que “la mayoría de los dirigentes políticos ignoran la voz de la sociedad civil, y sobre todo, la voz técnica. También lamentó que “ante el esfuerzo que representa crear un Real Decreto es una lástima que no se escuche al sector para poder aplicarlo bien”.

En su intervención telemática en la sesión, César Luaces Frandes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (ANEFA), ha explicado que “los costes de energía eléctrica en la producción de áridos han aumentado un 165%, los del combustible un 115% y los de los explosivos un 58%. En total, aseguró, “los costes de producción de áridos han incrementado un 58%” de promedio.

Propuestas

Luaces, presidente de Anefa, también recomendó que los reales decretos “permitan hacer un ajuste y necesaria revisión de precios de los materiales tanto para suministros directos de las obras como si provienen de otros agentes que participan en la construcción”.

En el segundo bloque del debate se plantearon otras propuestas de mejora como la de María Moreno que pidió al Gobierno que “no se pongan trabas cuando se solicite la revisión de los precios y que se publiquen los índices con más celeridad”.

En esta línea, Mariano Sanz centró las peticiones para resolver la actualización de precios en ”abrir la posibilidad de elaborar un cuarto Real Decreto”. En su opinión esa nueva norma debería contemplar “que elimine el umbral del 5%, que compense el desorbitado precio de la energía, que se introduzcan en los cálculos de precios del umbral otros materiales y que se incluyan en el decreto aquellas obras que hayan estado en ejecución en 2021”. Además, todos los participantes coincidían en que ese nuevo decreto debería incluir “que aplique el silencio administrativo positivo, que autorice el planteamiento de modificados técnicos manteniendo el mismo precio sin rebajar la calidad, que elimine el valor máximo de compensación del 20%”, y finalmente, que “incluyan los contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras así como los contratos de suministro”.

Pablo Sáez compartió estas peticiones “por apoyar a un sector que es vital no solo para la economía sino también para la competitividad”.

Por su parte Concha Santos, destacó que “en una situación inflacionaria las empresas están financiando las obras y asumiendo unos riesgos en las licitaciones que les pone en una situación muy complicada” por eso comentó que “si tenemos la herramienta hay que adaptarla a la situación para que funcione bien”.

La moderadora del debate, Almudena Leal, vocal de la AICCPIC, apuntó como propuesta la “necesidad de exigir un plazo para que se cumplan las peticiones del sector” así como la importancia de “la colaboración entre los ministerios inversores”.